La
Unión Europea (UE) considera que la reelección de Daniel Ortega como presidente
de Nicaragua, con el 74,99 % de los votos, carece de «legitimidad» al
celebrarse los comicios generales de este domingo «sin garantías democráticas»
y completan la conversión del país en un «régimen autocrático».
En
una declaración por escrito en nombre de los Veintisiete, el alto representante
para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, hizo un llamamiento a Ortega
para que libere de forma «inmediata e incondicional» a todos los presos
políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra, «devuelva la
soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense», y no descartó adoptar
restricciones que «puedan ir más allá» de las individuales.
Pese
a que la UE «ha evitado cuidadosamente cualquier medida que pudiera
potencialmente agravar las penurias del pueblo nicaragüense y se ha dirigido
sistemáticamente solo a los responsables de los desarrollos antidemocráticos»,
considera en este momento «todos los instrumentos» a su «disposición para tomar
medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de las
restricciones individuales», precisó.
La
integridad del proceso electoral fue «aplastada» por «el encarcelamiento
sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos presidenciales,
líderes de oposición, líderes estudiantiles y rurales, periodistas, defensores
de derechos humanos y representantes empresariales», denunció Borrell.
Para
los Veintisiete, el Gobierno de Nicaragua no solo ha privado al pueblo de
Nicaragua del derecho civil y político al voto en unas elecciones «creíbles,
inclusivas, justas y transparentes», sino que también ha incumplido sus propios
compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en virtud
de la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y pactos
internacionales de los que el país es parte.
Además,
añadió Borrell en su declaración en nombre de la UE, el pueblo nicaragüense ha
sido privado de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Las
voces disidentes son «silenciadas», decenas de organizaciones de la sociedad
civil han sido «ilegalizadas» y la represión estatal es «implacable», remarcó.
EFE
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